Adrián Ruíz
Danza de millones. Los cambios de jueces y magistrados que se dieron la semana pasada en el Tribunal Superior de Justicia, obedecieron exclusivamente a los intereses del presidente Héctor Sánchez Sánchez. Los beneficiados en distritos redituables, aceptaron las “cuotas” para las arcas de quién ya se siente presidente municipal -promesa que le hizo Gerónimo Barbosa-.
Los movimientos los planearon en conjunto Héctor Sánchez y su pareja la diputada por Amozoc, Mónica Silva Ruiz. Ambos se propusieron captar mayores recursos -a los que obtiene con los negocios en el TSJ-. Están convencidos que será el candidato a la alcaldía capitalina por Morena. Empezaron a reclutar gente para la supuesta campaña -pero esa es otra historia-.
Mientras en el Tribunal el presidente ordenó cambios irrelevantes que en nada aportan a la imparcial impartición de justicia en el estado poblano. Por el contrario aseguran los negocios millonarios para todos. El mayor beneficiario será como siempre Héctor Sánchez Sánchez.
Parece increíble que la ofensiva fortuna acumulada en escasos 5 años como funcionario, pase desapercibida para un gobierno que se dice estar en contra del enriquecimiento ilícito. El salario que percibe Sánchez Sánchez como presidente del TSJ ni por equivocación le permite la suma de tantos millones.
Los cambios que ordenó se hicieron con absoluto respeto a las “vacas sagradas” Rosa Celia y Rosalba Elena Zarate. Es decir jueces y juezas que tienen compradas sus plazas son intocables. El beneficio obedece al cumplimiento de entregas mensuales al mandamás del TSJ-.
El pago de cuotas les da el boleto sin escalas para concretar toda clase de tranzas -perdón negocios- con la justicia. Con la libertad de operar se despachan con la cuchara grande. Mientras aporten a la causa tendrán garantizada la plaza.
La madeja de corrupción se gesta en las oficialías de parte de cada juzgado donde se informa a “ciertos” despachos del acontecer de sus juicios antes que se les notifique. Por supuesto los titulares de los despachos laboran en una sociedad -no protocolizada– con los jueces y magistrados.
La oficialía de partes es él área de mayor tráfico de valiosa información. Representa la aduana obligada por dónde transitan todos y cada uno de los asuntos “legales”. El recorrido positivo de este camino es la primera certeza que el resultado final será favorable.
Todo en el TSJ es posible con dinero. La justicia tiene un precio. Héctor Sánchez, etiquetó los nuevos costos. La urgente necesidad de acumular más recursos, obligó a la estrategia de rotación de jueces, juezas, magistrados y magistrados.
Los negocios en el Tribunal Superior de Justicia, están a la orden del día. Las instalaciones de Ciudad Judicial y la Casa de Justicia sobre la 11 sur a la altura de la 113 poniente, transpiran dinero por todos los muros.
Los negocios afloran para beneplácito de Héctor Sánchez. Uno de tantos se concretan en las magistraturas -con los magistrados a modo que también le “entran” con el “honrado” presidente-. Cada uno de los magistrados tienen a sus abogados “amarradores de asuntos.
Cómo en botica se agarra de todo para favorecer a la basta clientela. Se aceptan desde casas, terrenos, vehículos, toda clase de propiedades, pero sobre todo efectivo palabra favorita de Héctor, pero que pronuncia en inglés cash.
¡Ambición desmedida!
Reporte del Informante
Presidente impositivo. Los cambios de adscripción ordenados en el TSJ de parte de Héctor Sánchez desde el pasado 30 de junio fueron:
A) El Juez Juan Carlos Malpica Aladro, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla; pasa al Juzgado de Ejecución de Sanciones de la Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad.
B) El Juez Mario Cortés Aldama, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; pasa al Juzgado de Ejecución de Sanciones de la Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad.
C) La Jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla; pasa al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla.
D) La Jueza Rosario Ivonne Rivera Calzada, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; pasa al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla.
E) La Jueza María Alejandra Aguilar Anacleto, adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de la Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad; pasa al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla.
F) La Jueza Idalia Arcienegas Arias, adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de la Sala de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad; pasa al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla.
Los anteriores traslados surtieron efecto a partir del día 4 de julio de 2022.
¡Intereses asegurados!
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