Adrián Ruíz
Perdiendo gana. El complejo panorama de Eduardo Rivera, para competir en las elecciones de 2024, se enturbia más por falta de recursos para la campaña. Los millonarios gastos para recorrer la mayoría de los 217 municipios, son superiores al capital que le corresponde de parte del INE. Sin contar la inversión de promoción.
Si él panista aspira por lo menos a competir, necesita varios cientos de millones de pesos. Y en sus planes descarta invertir parte de lo obtenido en la administración municipal. “Lo caido, caido”, es parte de su patrimonio.
Lalo Rivera, no arriesgará el usufructo de su corrupta administración. Los millones adjudicados, son insuficientes para ganar la gubernatura. Lo sabe y jugará con dinero ajeno.
Por el contrario “pellizcar” parte de lo que le proporcionaran para su campaña, será ganancia para el todavía presidente municipal. Eduardo Rivera, es de los políticos que se rigen bajo el lema: “perdiendo, gano”.
Para competir y aspirar a ganar una gubernatura hay que invertir. Lo demostró en su momento Rafael Moreno Valle, quién no escatimó gastos para llegar a la primera magistratura estatal -contra todos los pronósticos-. El extinto gobernador, primero se capitalizó en la Secretaría de Finanzas, para después apoderarse de Puebla.
Supo adueñarse del PAN, manejó como nadie el poder. Bien dijo en su momento ¿Cuánto vale la gubernatura?. Sus cálculos arrojaron: 10 mil millones de pesos -en 2012-. El paso siguiente fue buscar el financiamiento de empresarios que creyeran en su proyectos.
La habilidad para conseguir que lo apoyará el presidente priista Enrique Peña Nieto. Y luego el panista Felipe Calderón, demostraron al político inteligente que fue Moreno Valle -enemigo del autor de La Entrega, junto con Fabián Gómez, fuimos los comunicadores denunciados jurídicamente por el gobernador. Sin embargo reconocemos que ha sido uno de los más inteligentes-.
En la actualidad la suma monetaria para cubrir una campaña y sobre todo ganarla, con seguridad se duplicó o triplicó. El dilema para Eduardo Rivera y sus aliados PRI y PRD, será convencer a empresarios -principalmente- que estén dispuestos a apostarle a un proyecto sin futuro.
Aunque es sabido que el juego de los poderosos capitalistas, siempre ha sido apostar a los dos bandos para no fallar. Van a la segura sin importar quien gane. La recuperación de la inversión está asegurada.
El financiamiento para Eduardo Rivera, Mario Riestra y los candidatos de la coalición Fuerza por México, representa uno de los grandes obstáculos. Se suma al castigo que impondrán poblanas y poblanos, por la pésima administración del edil capitalino.
Reunir 20 o 30 mil millones de pesos, podría acercarlo a la victoria. No se ve cómo conseguirlo. Sin recursos será hombre al agua.
Contrario a Alejandro Armenta, contará con el apoyo del gobierno federal.
¡Momios en contra!
Reporte del Informante
Basurero a flote. La protección que consiguieron Héctor Sánchez Sánchez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia -TSJ- y su equipo corrupto, es insuficiente para que salga a la luz pública el torcido manejo de la ley. El enviciado grupo formado principalmente por: Rafael Pérez Xilotl, Aarón Hernández Chino -primo de Héctor- y Javier Hernández Muñoz, convirtieron al Tribunal en una cueva de ladrones.
El pillaje fue de tal dimensión que el TSJ, trabaja con números rojos -está en bancarrota-. Héctor, líder de la pandilla, Javier Hernández, secretario particular, Rafael Pérez, director administrativo y Aarón Hernández, juez penal, se encargaron de manejar casos millonarios. De lo sustraído salió para la campaña de Mónica Ruiz -esposa de Héctor-, para hacerla diputada local por Amozoc.
Rafael Xilotl, como recompensa por el pillaje realizado -no comprobó 30 millones de pesos faltantes en la dirección administrativa-, fue recompensado con la dirección de Convenciones en el gobierno estatal. Javier Hernández, con su parte del botín sigue como chaperón de Héctor.
Aarón Hernández, sigue como juez penal. En 2021 -Héctor era presidente-, protegido por su primo, manejó a favor de un sacerdote pederasta Gerardo N, el juicio que lo exoneró de la acusación de violación a un menor de siete años.
Después de más de dos años -octubre 2021-, el juez Hernández Chino, dictó la libertad del sacerdote. La madre del menor exige justicia, sin ser escuchada. El veredicto tuvo un precio. Al menos 3 millones de pesos.
¡Huellas imborrables!
ruizdur@hotmail.com
