Adrián Ruíz
Candado legal. La inminente y pronta entrada en vigor de la Ley de Seguridad Pública Federal, pondrá contra la pared a gobiernos, fiscalías y poder judicial estatales. A la historia pasará el “garrote” político que ejercían. La investigación y persecución de delitos monopolizados a discreción que realizaban y ocultaban por intereses personales, no se ejercerán más.
En adelante habrá un “garrote” político más pesado y contundente: el Federal. El control total de la impartición de justicia estará a cargo del mandó supremo del país. La imposición en los estados de la Marina y Sedena en la Seguridad Estatal, es apenas el inició de un cambio pleno de estrategias para el combate a la delincuencia.
Los informes de investigación de la Marina y Sedena sobre la situación que prevalece en los estados. No sólo prendieron los focos rojos en los estados. También alertaron al gobierno federal.
Los gobernadores ganadores en las pasadas elecciones, deben doblar la página de la euforia triunfalista y “armar” gabinetes competentes. Si es necesaria una reestructuración no les debe temblar la mano. De lo contrario corren el riesgo de ser engañados.
Deben desconfiar, pero sobre todo corroborar toda la información sobre seguridad y justicia que reciban. Contar con los datos fidedignos de la situación real del grado delictivo de la tierra que gobiernan. Es clave para asumir las medidas necesarias.
Los tiempos en qué las obras eran redituables para “maquillar” la peligrosidad que se apoderó del país, pasaron a la historia. Lo de hoy es vigilar el origen y destino de todo el recurso que se mueve en los estados. La sana distancia con algunos presidentes municipales, mandos policiacos locales y gente de las fiscalías y poderes judiciales.
Los informes de marinos y ejército, revelan la radiografía de la situación que predomina en los estados hace décadas: los gobiernos encubrieron todo. De ahí la instrucción desde la capital del país que las policías locales, comandantes y fiscales que están coludidos con el hampa, deben pasar al banquillo de los acusados.
La Marina y Sedena, pronto evidenciaran con pruebas irrefutables todo el lodazal que cubre los mandos policiacos estatales. Lo mismo de algunos gobernantes involucrados con el narco y que lavan dinero.
Por todo ello causó molestia la presencia y declaración de Facundo Rosas -exsecretario de Seguridad Pública de Puebla. Con un negro pasado y sin calidad moral-. Pero hay que reconocer que habló con las pruebas en la mano. Y eso incomoda a cualquiera.
En Puebla, existen tres perspectivas diferentes de percibir y testificar que lo que nos dicen sobre el índice delictivo es a conveniencia de los gobernantes. Los primeros son los que toman partido y difunden lo que les ordenan -por las dádivas que les conceden-. Por supuesto atacan a falsos paladines de la justicia como Facundo Rosas.
Los segundos son: los que están de acuerdo con la parte contraria al gobierno y exhiben y vitorean a gente tan o más nefasta como Facundo Rosas. Y los terceros -entre los que se encuentra La Entrega-, somos los que no creemos ni a unos ni a otros por la simple razón: que nos percatamos que todo va de mal en peor.
¡Todos mienten!
Reporte del Informante
Sin llenadero. Sin duda gozar de las mieles del poder tiene sus ventajas -para los ambiciosos sin fondo-. Mientras en Puebla, millones de profesionistas y artesanos desempleados buscan una oportunidad de trabajo. La familia Díaz Aguilar, es privilegiada con dos notarías públicas y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Además de ser una burla para poblanas y poblanos. Se trata de una de las mayores humillaciones que se tenga memoria. Qué una familia cuente con una Notaría Pública es justificable. Pero con un par y además de la presidencia del TSJ ya es ofensivo.
La cabeza de la familia Jorge Francisco Díaz Gil, fue dotado de una Notaría Pública -Tlatlauquitepec-, por su entonces poderoso padrino Carlos Arredondo Contreras -exprocurador de Justicia e intimo de Melquiades Morales Flores -. Por cierto también hizo notario publico a su hijo del mismo nombre que despacha en el bulevar Valsequillo.
El favoritismo a la familia cobró fuerza con el nombramiento de presidenta del TSJ de Belinda Aguilar. Aunque sus días están contados porque el gobernador Alejandro Armenta, nombrará a un incondicional que hizo magistrado recientemente. Ella seguirá en su cargo de magistrada.
La hija de ambos Belinda del Carmen Díaz Aguilar, fue nombrada flamante Notaría Pública. Y no vengan con que su nombramiento es por méritos propios. Existen miles de abogados con mayores conocimientos.
¡Favoritismo descarado!
ruizdur@hotmail.com
