Adrián Ruíz
Fiscalía omisa. El tortuguismo burocrático de los ministerios públicos y de la Fiscalía General del Estado, para atender los múltiples casos de violencia de género. Ponen en riesgo la vida de mujeres víctimas de agresiones físicas peligrosas. Al mismo tiempo de “archivar” las denuncias se gestan posibles feminicidios.
Y luego Alejandro Armenta y la fiscal Idamis Pastor, sin el menor recato salen a decir que los delitos en Puebla, han disminuido -los feminicidios entre ellos-. Ambos personajes, se engañan. Cómo muestra este martes -ayer- fue encontrado otro cuerpo sin vida de una mujer.
Gracias a la omisión de auxilio -mediante denuncias-, Patricia “N”, se encuentra en riesgo de perder la vida a manos de su expareja sentimental, Kristián Goches Sánchez. La mujer vive atemorizada porque cada vez que al “valentón” se le ocurre, llega a su domicilio para golpearla salvajemente no encuentra oposición.
De acuerdo a la carpeta de investigación 14733/2025, presentada por la víctima por las golpizas y amenazas de muerte que Kristián Goches, le ha propiciado. Han desfilado los agentes del Ministerio Público: Patricia Tlachi Daniel, Maricela Domínguez Hernández, Guadalupe Pérez y el supuesto agente ministerial investigador de nombre René.
En la carpeta existen registros de audios y videos de las agresiones, dictámenes médicos e impresiones fotográficas que por respeto a la victima no se publican. A la fecha existen tres órdenes de restricción judicial emitidas por el Juzgado en materia de protección a mujeres víctimas de violencia las cuales obran en poder de este columnista. Pero que no acata el agresor.
En las resoluciones se lee: “MUJER SEGURA PUEBLA”. Lo anterior ha sido una burla para Patricia “N”. Después de la última golpiza recibida el pasado 8 de marzo del año en curso. Y después de pedir auxilio a la policía. Llegó una patrulla, cuyos elementos le pidieron al agresor Kristián Goches, que se retirara del lugar.
Así como han desfilado ministerios públicos sin judicializar la carpeta. Han marchado asesoras victímales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas -CEEAV-. La última María Olimpia Vega, quien a decir de la victima lo único que le dice es: “Estoy monitoreando su carpeta venga en ocho días“.
La victima pide ser escuchada por la Fiscal del estado pero hasta ahora se le ha negado acceso en las oficinas centrales de la Fiscalía. Idamis Pastor, sólo atiende los temas que dejan efectivo.
Patricia “N” es una de las incontables mujeres que están en peligro de muerte en el estado Poblano. Si el conducto de ayuda es la Fiscalía General del Estado. De nada sirve que presenten las denuncias.
¡Mujeres desprotegidas!
Reporte del Informante
Cómo el tío Lolo. Otra artimaña más orquestan el gobierno estatal -Alejandro Armenta- y la Secretaría de Seguridad Pública -Francisco Sánchez-, para “invertir” 60 millones de pesos en equipo de seguridad telefónica para “reducir” extorsiones de centros penitenciarios.
Armenta y Sánchez, pretenden tomar el pelo a poblanas y poblanos. Los inhibidores de señal en reclusorios siempre han existido. En el penal de San Miguel, los operan los jefes de seguridad y custodia. El director sabe perfectamente que reclusos, operan extorsiones desde el interior.
El círculo vicioso en los reclusorios es un peligro latente para la ciudadanía. En el mundo del hampa todos ganan: gobierno, directores, custodios, secretario de seguridad, internos y familias. Los millones de pesos que se mueven por diversos delitos, son motivos suficientes para mantener viva a una de las gallinas de los huevos de oro.
Al margen de todo ello el meollo del asunto es: ¿Cómo ingresan los teléfonos celulares al interior de San Miguel y los penales en general?. Pero lo más cabrón los internos los rentan para las extorsiones. Y quiénes sacan provecho de facilitar los aparatos de telefonía a los presos.
El gasto de 60 millones para instalar inhibidores de señal telefónica. Es por demás infructuoso. Un desembolso menor y más efectivo, sería meter en cintura al director y el personal, para que cumplan su trabajo y no permitan el ingreso de teléfonos, drogas, joyas y toda clase de mercancía -robada- que se comercializa sin ninguna restricción.
¡Jarabe de pico!
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