Adrián Ruíz
Servilismo descarado. Lo que hace el presidente del Consejo de la Judicatura Pedro Antonio Martínez, para quedar bien con Alejandro Armenta –a quien le debe el favor-, es un degradante servilismo. Poner el Poder Judicial -falsa autonomía- a los pies del gobernador. Es contribuir a la protección de la delincuencia.
Para algo sirven los recorridos “turísticos” de Pedro Antonio a juzgados del interior del estado. No se trata de la supervisión del trabajo administrativo al seno del Poder Judicial, como argumenta.
Se trata de visitas y enroques con el personal judicial. Les “soba” el lomo al personal administrativo. Al mismo tiempo de pactar con jueces, juezas, secretarias y secretarios. El engranaje debe seguir funcionando. Pero bajo los exclusivos aceites que vierta Fredy Erazo – magistrado con licencia y actual fiscal- y el joven presidente del Consejo de la Judicatura de quien se advierte carencia total de conocimientos jurisdiccionales.
Pero su activismo y forma de hacer grilla son ejes básicos en el nuevo proyecto. Pedro Antonio Martínez, es una especie de Lenia Batres en masculino. Su ignorancia jurídica no importa, se trata de contar con el personaje idóneo para reactivar asuntos, agilizar órdenes de aprehensión e imponer sanciones administrativas a quienes se opongan.
Un ejemplo: la inminente necesidad de operar el juzgado mixto de Atlixco -Civil-Penal-, generó que el consejero presidente de la Judicatura viajara Acatlán de Osorio para regresar al juez Miguel Ángel Martín Hernández Jiménez al citado Juzgado de Atlixco. Por supuesto sin importar las graves faltas que pesan contra ese juez por atropellos en Tehuacán y Atlixco.
La imperiosa necesidad de desempolvar órdenes de aprehensión en los juzgados tradicionales. Genera que estos arcaicos juzgados cobren relevancia porque es ahí donde también existen expedientes que habrá de revivir y otros más que destruir.
El presidente del Consejo, también tiene instrucciones de que todos aquellos jueces que reciban órdenes de magistrados o que operen con estos deben ser cesados o incluso sometidos a proceso penal. Será en Febrero cuando rueden cabezas en el Poder Judicial. Los nuevos dueños del Poder Judicial, están dispuestos hacerse respetar para poder operar los grandes negocios que desde ahí se cocinan.
¡Cabezas en vilo!
Reporte del Informante
Bravuconada burda. Como de costumbre Alejandro Armenta, utilizó la figura de gobierno y con micrófono en mano reinició amenazas contra empresarios que tienen concesiones en Puebla: es obvio que al no ser abogado debe previamente ilustrarse. Al no cumplir su promesa de campaña de desprivatizar el agua. Busca distractores para justificar su falta de palabra.
Basta recordarle -existen evidencias- que una de sus principales promesas de campaña, fue quitar la concesión a Agua de Puebla. Incluso a su propaganda se unió el otrora director de SOAPAP en el sexenio de su mentor Mario Plutarco Marín. El teatro se le cayó al llegar al gobierno. Habló por hablar.
Pronto se dio cuenta que se requiere todo un procedimiento para nulificar el contrato con Agua de Puebla -por cierto pronto tendrá nuevos dueños-. Pero mientras necesitó el voto, aseguró que resolvería el problema mayúsculo para poblanas y poblanos. Sentado en la silla, pretexta que carece el gobierno de los recursos para cumplir. En resumen es un gobernador mentiroso.
Para suspender pagos como lo hizo. Se requiere entrar a la figura jurídica de quiebra. Lo cual no ha anunciado, porque un gobierno de la Federación no puede acceder a esa figura de suspensión de pagos -quiebra-. Si el contrato es leonino como lo asegura. Debe promover su nulidad ante un juez competente aduciendo en su caso los vicios del contrato.
Lejos está Alejandro Armenta de entender -aún con sus maestrías en administración pública- que el ente de gobierno que representa se conforma por toda una estructura jurídica. Y que en su momento le sirvió para elaborar un contrato sin vicios para las partes. Y que para llevar un juicio a la Suprema Corte se deben agotar una serie de instancias judiciales.
Si lo que pretende Alejandro Armenta, es que ante la falta de pago le demanden los concesionarios la desocupación del inmueble. Seguida de consignación de pago. Ello por sí solo le obliga a pagar. Y es muy probable que la jurisdicción del contrato establezca para litigio la Ciudad de México. En pocas palabras le urge al gobernador una asesoría que no le alabe sus torpezas y que verdaderamente lo ilustre ante tanta pifia legal.
¡Gobernador mentiroso!
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