Adrián Ruíz
Sociedad productiva. El laberinto de corrupción en el Registro Civil del Estado, que iniciaron el titular José Francisco de la Fuente Flores y el subsecretario de desarrollo político, Carlos Humberto Reyes Espinosa, arrastrará al gobierno de Sergio Salomón. Permitir que asumiera la dirección, tendrá un costo político alto en la recta final.
Al verse descubiertos los millonarios negocios en los que los dos socios -José Francisco y Carlos Humberto-, van al 50% en las ganancias. Optaron por “correr” a por lo menos 40 empleados, sospechosos de “filtrar” información a La Entrega.
Desde la Secretaría de Gobernación -dónde depende Carlos Humberto-, se ordenó una limpia de empleados en el Registro Civil. Además de intimidar con despedir a los que permanecen.
El retorno -lo habían corrido- del corrupto juez José Francisco de la Fuente Flores, “El Papirrín, se dio en el marco de componendas y acuerdos con el subsecretario de desarrollo político Carlos Reyes, “El Chopas”. La relación se dio cuando el primero fue encargado del Registro Civil y luego juez quinto en de San José Chiapa.
Las áreas de oportunidad para el “Papirrín”, son los matrimonios que arregla con jueces a modo del interior del estado y que celebra en la capital su cómplice José Daniel Ponce de León. Acaban de sumar a Francisco Atanasio, “El Tirantes”, quien intensificó los acuerdos ilícitos. El tiempo apremia y necesitan el mayor número posible de negocios.
Los negocios incrementaron las ganancias en más de 200 mil pesos mensuales. Las aclaraciones administrativas que no proceden y deben iniciar juicios, las arreglan por la suma de 30 mil pesos. Nada escapa a la voracidad del titular del Registro Civil. Todo lo referente al rubro lo arregla con recursos de por medio.
Por ejemplo personas mayores de 18 años que no fueron registrados en tiempo. Pueden gestionar su registro con la secretaria particular del “Papirrín”, por la “módica” suma de 15 mil pesos.
Se trata del nuevo negocio recién inaugurado de la sociedad de José Francisco y Carlos Humberto. Instalaron un cubículo en el estacionamiento de la Dirección del Registro Civil -11 oriente y 20 sur-. Captan clientes que requieren contar con actas de nacimiento legalizadas.
Un grupo de gestores opera en el “bunker”, encabezados por la secretaria particular. Los acuerdos con los “clientes”, no corren riesgos. Se hacen en privado y con efectivo de por medio.
Las ganancias del nuevo negocio y todos los que realizan De la Fuente Flores y Reyes Espinosa, son de tal magnitud, que el primero acaba de adquirir un automóvil Audi Q3 modelo 2024, que tiene un costo de 900 mil pesos. Atrás quedó el tiempo en el que “El Papirrín”, llegaba a laborar en un vehículo Aveo, negro con placas de taxi.
Eso es pasado para el director del Registro Civil. Lo de hoy es tiempo de bonanza, gracias a la protección al más alto nivel -Secretaría de Gobernación-. Vergonzante representación de la Cuarta Transformación.
¡Cínicos negocios!
Reporte del Informante
Fiscal exhibido. Si alguien dudaba que el Fiscal Gilberto Higuera Bernal, es el principal responsable del alto índice delincuencial en Puebla. La Organización Impunidad Cero, reveló que la Fiscalía poblana junto con las del Estado de México, Guerrero y Michoacán, son las cuatro peores del país.
En Puebla los delitos de alto impacto pasan de largo. El Fiscal Higuera Bernal, hace como que trabaja cada jueves, convoca a medios informativos que tiene en su nómina, para que divulguen que las carpetas de investigación, se encuentran avanzadas.
Los delitos cometidos en los casi siete meses transcurridos, no serán resueltos. Sería tanto como atentar contra sus intereses económicos.
El acuerdo concretado con el muerto y su primo Julio Huerta, para “dejar” que el CJNG, se asentará en Puebla, no estableció fecha de caducidad. Tampoco delimitación territorial. La organización delictiva tienen carta abierta.
El compromiso con la delincuencia es superior a la procuración de seguridad de poblanas y poblanos. Gilberto Higuera, ha hecho un daño irreparable durante más de seis años al estado poblano.
Lo lamentable de las autoridades gubernamentales es que no exijan la rendición de cuentas a un servidor público, que le brota la corrupción por todos los poros del cuerpo. El Fiscal, tejió una red putrefacta en los 217 municipios del Estado.
No existe Fiscalía o dirección alguna, que no se rijan bajo el esquema de la “mochada”. Nadie mueve un dedo para informar -para investigar piden las perlas de la Virgen-, si no hay dinero de por medio.
¡Evaluación vergonzosa!
ruizdur@hotmail.com
