Adrián Ruíz
Billete grande. Una carrera contra el tiempo inició Omar Álvarez Arronte. Los siguientes 16 meses, podrían ser insuficientes para satisfacer su codicia. Exprimir al máximo la Secretaría de Movilidad y Transporte, es su consigna. Aprovechará todo lo que deje billete grande -millones-.
Algo tiene claro Álvarez Arronte, dedicarse de tiempo completo a los negocios de construcción de la Secretaría. Son los que dejarán millones de pesos para engordar la chequera. Sin descuidar las aportaciones de permisionarios y concesionarios.
El grave error y de mayor costo al que enfrentará en mediano plazo. Es dejar las riendas operativas de la SMyT en manos del subsecretario Hugo Cruz. Le reporta las “entradas” grandes. Se queda con los centavos.
Lo peor finge que lo engañan -porque conviene a sus intereses- sobre la situación actual que vive el transporte público. El secretario está absorto en los negocios que se avecinan. Los proyectos millonarios acaparan su atención.
Por ello cuando el gobernador Sergio Salomón, pide explicaciones públicas a Omar Álvarez, sobre las anomalías y corrupción que predomina al interior de la Secretaría. Titubea, improvisa, repite lo que escasamente le informan.
Recientemente -la semana pasada- mintió al afirmar: “se alistan denuncias penales contra funcionarios y concesionarios por incurrir en actos de corrupción”. No existe la menor intención y menos inició de denuncias.
Y fue más lejos en su afán por salir del atolladero: “se han elaborado expedientes de investigación y denuncias por irregularidades en el otorgamiento y operación de las concesiones. Existen carpetas de investigación, para presentarlas ante las autoridades”.
Según el secretario hay más de 57 mil expedientes administrativos con irregularidades. El protagonismo lo delata. Se necesita ser más que ingenuo para admitir que en casi cuatro meses como titular haya integrado tal cantidad de observaciones. Pero sobre todo documentarlas.
Si fuera cierto estaríamos ante el funcionario público más eficiente de México. Y con seguridad de varios países. Lo lamentable es que se trata de Omar Álvarez Arronte, con un pasado corrupto al mil por ciento.
Como mitómano consumado se cree la falsedad que con el programa de Revista Vehicular e Inspección Física de las unidades, se detectan irregularidades. Sin ninguna revisión, las “chatarras” se observan a diario sobre las calles de la ciudad e interior del estado. Es un testimonio irrefutable.
Lo de Álvarez Arronte no es la regularización, seguridad y modernización del transporte público. Lo suyo son los bisnes millonarios. Las ampliaciones de rutas en la ciudad y los municipios.
Consiente las placas sobrepuestas en todas las rutas, unidades sin concesiones, taxis piratas, prestadores de servicio de particulares sobre el Periférico y plazas comerciales del su de la ciudad. Comanda la mafia del transporte en los 217 municipios de Puebla.
En la extensión del negocio, permitió la proliferación de automotores en rutas ilegales como: Moví Lomas que transitan en Lomas del Mármol. La nueva ruta 72, Nueva Unión, que laboran con placas sobrepuestas y sin número de concesión.
El tiempo es el peor enemigo de Omar Álvarez. La corrupción su mejor aliada. Y la codicia mala consejera. Por cierto ahí parte de las pruebas que “pidió” Omar a La Entrega. Y las denuncias se supone las está elaborando, ninguna injerencia tiene éste reportero para hacerlas como lo sugirió. Servido señor secretario. Y aún hay más, mucho más.
¡Falsas promesas!
Reporte del Informante
Lucro incontrolable. Las malas costumbres y prácticas lucrativas de la maraña viciosa en la Fiscalía General del Estado -FGE-, alcanzan y afectan a toda la ciudadanía poblana. Sin distingo de clases sociales, son presa de la extorsión. Desde su pedestal Gilberto Higuera Bernal, permite el crecimiento de la podredumbre.
El dinero mueve a la justicia, La FGE es una vergüenza para Puebla. El Fiscal, cada vez es más desvergonzado en procurar justicia a poblanas y poblanos. Se corre más peligro en sus manos.
Entre las innumerables extorsiones que realizan -robo de vehículos, personas desaparecidas, despojos, etcétera-, sobresale por lucrar con el dolor de pérdidas de vidas humanas.
Por el certificado de defunción del médico legista de la FGE, exigen 6 mil pesos. Nada se opera en la Fiscalía, sin la autorización de Higuera Bernal. Todo lo controla y oferta.
La organización operativa abarca a los cuida coches -viene, viene-, apostados las 24 horas del día en las inmediaciones de las funerarias y hospitales públicos y privados. Aprovechan el estado de shock de los familiares de los difuntos, para ofrecerles sus “servicios”.
Cuentan con la complicidad del personal de la Fiscalía -médicos legistas en estos casos-. Los deshonestos galenos, se niegan a extender la certificación de las causas de la muerte.
Los viene, viene entran en acción: “jefe con 6 mil pesos y 500 para mí, en cinco minutos le entregan el certificado”. La mayoría cae en la extorsión y pagan el servicio.
¡Porquería insultante!
ruizdur@hotmail.com
