Adrián Ruíz
Año negro. Las anomalías de un año -2024- en el Registro Civil, por cuatro titulares diferentes, obligó a “trabajar” horas extras para limpiar lo más posible el cochinero. Ante el oscuro panorama el encargado de despacho Sansón César Espinosa Sosa, ordenó suspender las vacaciones de diciembre.
A pesar que su encargo concluye el 14 de diciembre. Espinosa Sosa, ordenó cancelar las vacaciones del segundo periodo anual a los trabajadores del Registro Civil. Las atribuciones más allá de su periodo. Obedecen a que pretende “limpiar” el camino a Paola Gozo, próxima directora designada por el gobernador electo Alejandro Armenta.
En plena ilegalidad y violación a los derechos humanos de los trabajadores del Registro Civil. Sansón César, mediante el oficio SA/DGCH/DRH/SFHPL/2023. Les comunicó -ayer lunes- a subdirectores (as), jefes (as) de departamento, jueces (as), itinerantes (as), enlaces y personas adscritas a la dirección general, que queda suspendido el periodo vacacional 2024 hasta nuevo aviso.
Los empleados sindicalizados, protestaron ante la unilateral decisión del encargado de despacho. Como empleados de base tienen derecho al descanso decembrino.
En la segunda quincena de diciembre. La mayoría de secretarías, direcciones y dependencias del gobierno del estado se cierran al público. Sólo permanece personal de guardia -sin derecho a vacaciones por escaso tiempo de laborar-.
Por el periodo vacacional de fin de año. Sólo la secretaría de Seguridad Pública y el Sector Salud, permanecen abiertos. La naturaleza de sus actividades requiere atención permanente.
Ante la suspensión del periodo vacacional. Los empleados se organizan para exigir su derecho. Aunque las vacaciones no tendrían que negociarse, porque se lo ganaron con un año de labores. El actual titular para quedar bien con los que llegan, suspendió el periodo vacacional estipulado por la ley.
El Registro Civil en el presente año, vio pasar cuatro directores por sus instalaciones. Paola Gozo a partir del próximo 15 de diciembre será la quinta titular.
El primero fue: Manuel Carmona -cesado el 30 de enero-. Lo sustituyó Alejandra San Martín Huerta, sobrina del diputado federal Saúl Huerta -encarcelado por pederasta-. No pudo con el paquete. El cargo le duró un suspiro.
La reemplazo el delincuente con credencial José Manuel de la Fuente, quien se dedicó a legalizar a extranjeros -chinos y centroamericanos-. El escándalo llegó a la mañanera presidencial. El declive no lo pudieron detener y el pasado 30 de octubre fue dado de baja.
Al relevo llegó Sansón César Espinosa Sosa, quien está bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Es sobrino de Carlos Reyes, funcionario de la Secretaría de Gobernación, lo que muestra el delito de nepotismo.
¡Atropello laboral!
Reporte del Informante
Indirectas muy directas. Por si no les quedó claro a los transportistas, funcionarios y prestanombres que no habrá aumento a la tarifa del transporte. Ni en el gobierno de Sergio Salomón. Y tampoco en el inicio del de Alejandro Armenta. El mensaje del segundo fue contundente: no cederemos al chantaje.
El gobernador electo fue a fondo ante la retadora postura de los concesionarios que amagan con un paro del transporte público. Externó una verdad irrefutable e ilegal: “existen transportistas que tienen hasta 500 concesiones. Y algunos de ellos fueron funcionarios”.
El dardo con el antídoto disparado por el gobernador electo para el veneno transportista, surtió efecto de inmediato. Los personajes que están atrás del movimiento y las presiones, entendieron el mensaje.
Saben que en la Secretaría de Movilidad y Transporte, existen pruebas contundentes de la ofensiva cantidad de concesiones que poseen. Las consiguieron de distintas maneras -todas chuecas-. Pero sobre todo mediante prestanombres -porque la Ley del transporte permite 3 por concesionario como máximo-.
De todo está enterada y documentada la próxima secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús. Y si como aseguró el gobernador electo Alejandro Armenta, que se investigarán las irregularidades detectadas. Más de medio centenar de transportistas estarán en problemas.
Entonces los presionados serán funcionarios, prestanombres y transportistas. Porque además de incumplir con las normas y la modernización. Han hecho del transporte público una asociación delictiva que se escuda en la prestación de un servicio inseguro y deficiente.
Ninguna de las unidades -combis, microbuses y autobuses-, tienen la adaptación para el servicio a personas con capacidades diferentes. ¿Y así quieren aumento?.
¡Pillos advertidos!
ruizdur@hotmail.com
