jueves, septiembre 19, 2024
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El desalojo de oficina del CIS fue vulgar y abusivo

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El desalojo de oficina del CIS fue vulgar y abusivo calificó la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco el desalojo de la oficina de atención al migrante que estaba ubicada en el CIS de San Javier, propiedad del gobierno del estado.

Pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa intervenir en el caso, a la par de afirmar que lo engañaron, ya que seguramente no sabía la relevancia de esa oficina.

“Estoy sorprendida, me parece una vulgaridad y un abuso. Yo creo que al señor gobernador no le avisaron, y aprovecho para avisarle: gobernador le engañaron, hubo una caravana de migrantes de más de 100 personas junto con el instituto de migración, con las autoridades de seguridad y derechos humanos, se ha dado acompañamiento, esta oficina que garantiza los derechos humanos, apoya a los hermanos y hermanas repatriados que necesitan apoyo y respaldo”.

Consideró que retirar material oficial de los connacionales además de los bienes muebles y colocarlos en el patio, no es un abuso a la autoridad municipal sino a los migrantes que piden solidaridad y ayuda en algún trámite.

Además, citó, se violentaron los derechos humanos de cada persona que llega para algún tipo de servicio que brinda la autoridad municipal.
“Señor gobernador es fundamental que tome cartas en el asunto porque la acción que tomaron, no es un abuso para nosotros”.

Recordó que el Ayuntamiento de Puebla prestó el Portalillo donde despacha la Secretaría de Gobernación y jamás actuaron de la forma que lo hicieron, sacando los muebles y material documental al patio de san Javier.

“Nosotros podemos buscar otro espacio, El Portalillo que ustedes utilizan es un espacio municipal que lo brindamos con toda la confianza y cariño para que sea de utilidad, de igual manera, nosotros podríamos solicitar algún otro, pero es importante que sepan los beneficios que se tienen. Lo que se hizo con el desalojo es violentar los derecho humanos de muchas personas que se atienden”.

En la madrugada del 10 de febrero, personal del gobierno del estado violentó las chapas de la oficina de atención al migrante que el Ayuntamiento de Puebla ocupaba en el CIS de San Javier, propiedad del estado.

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