Resulta por demás indignante que el padre de José María Sosa, quien en 2019 fue sentenciado por homicidio y aborto en el caso de Paulina Camargo desaparecida el 25 de agosto de 2015 pretenda desvirtuar el tema.
Aún más, que la autoridad encabezada por el gobernador Gerónimo Barbosa, se preste a este juego mezquino que a todas luces más político.
La justificada indignación de los familiares de Paulina, las mujeres y familiares de víctimas de feminicidios que, por cierto, hoy en Puebla registran cifras alarmantes y que el propio gobierno minimiza y oculta.
La lamentable desaparición forzada de Paulina, quien tenía cinco meses de embarazo, no debe ser utilizada por un grupo político.
De acuerdo con las investigaciones de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), a José María se le imputaron los delitos de homicidio y aborto en agravio de la víctima, por lo que es penoso que sus padres insistan en que el probable feminicida es quien fue abusado y torturado por alguna autoridad.
Esta acción pretende politizar un asunto que es motivo de vergüenza social.
