Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Segob), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación para que se identifique y castigue a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del Caso Ayotzinapa.
Mediante un mensaje en redes sociales, difundido este sábado, el funcionario federal condenó la “lamentable filtración” de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa en días, “Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, argumentó.
Al tiempo de solicitar a la FGR de México que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.
En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado.
Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, puntualizó.
Apenas el viernes, Encinas Rodríguez explicó al Gobierno de México que buscaba que el Poder Judicial otorgue su visto bueno para que se den a conocer los nombres de los 46 funcionarios y militares que tienen una orden de aprehensión relacionada con el Caso Ayotzinapa.
“Les anticipo cuál será su respuesta: ‘no’, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe prevalecer”, dijo.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.
La Comisión de la Verdad rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
Mientras que la administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
