El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) pagó a una empresa 281.7 millones de pesos por el servicio de almacenamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopia y anatomía patológica, pero no existe evidencia que fueron realizadas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), estableció que la empresa contratada fue Tesi de México, S.A. de C.V., desde 2017 y amplío la prestación del servicio hasta noviembre de 2021, mediante dos convenios modificatorios.
De acuerdo al reporte la ASF indicó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por un monto de doscientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil ochocientos pesos, por no contar con evidencia que acredite que el servicio de gestión, almacenamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopia y anatomía patológica que se pagó durante 2021 correspondió a procedimientos realizados en las unidades médicas”.
La Auditoría realizó visitas al Hospital Regional de Puebla, al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, al Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, al Hospital Regional de León (Guanajuato), al Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana, y en ninguno de ellos encontró evidencias de que el servicio efectivamente se hubiera prestado.
“No fue posible corroborar que, durante el 2021, el proveedor proporcionó el servicio integral de gestión de imagenología en las unidades médicas del ISSSTE descritas en el Anexo 3 “Lugares para la prestación del servicio” del contrato número LPNE-CS-DA-SRMS-298/2017, debido a que no se contó con la evidencia de los procedimientos realizados y concluidos a entera satisfacción del Instituto”, indicó.
La ASF además se encontró que el contrato, suscrito en diciembre de 2017, fue extraviado. Se reportó como perdido el 5 de julio de 2022 y una semana después se presentó una denuncia por este hecho.
La Auditoría solicitó que el Órgano Interno de Control (OIC) también inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que extraviaron el documento.
Estas anomalías fueron detectadas por la ASF en las 692 auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021 que el viernes fueron entregadas a la Cámara de Diputados.
