Esta es la carta del Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigida a Blanca Lilia Ibarra Cadena Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La primera cuartilla dice lo siguiente. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual, se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos.
Agrega que como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado, de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista.
E indica que los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia, utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento.
En el siguiente apartado explica que una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados; sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías.
Y solicita que como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares.
Esta información seguramente la podrían obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera.
También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes.
La misiva concluye con lo siguiente. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político-empresariales furtivos e inconfesables.
No es, pues, un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos mediante la verdad, la transparencia y la abolición de privilegios.
