Los arbitrajes o controversias en materia de energías renovables con México por parte de Estados Unidos y Canadá comenzaron en el mes de julio, por incumplimiento en algunos puntos contemplados en el Tratado Comercial del T-MEC, acordado entre estas tres naciones, recordó Francisco Javier Sánchez Ruiz, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP.
En rueda de prensa señaló que algunas empresas extranjeras se percataron de que se estaba poniendo en riesgo las inversiones en materia energética al interior del país y, en consecuencia, provocando que se presente un análisis al respecto tanto desde la expectativa de Canadá como de Estados Unidos para ver cuál es la realidad.
Agregó que este análisis local de esas dos naciones se dio para identificar si hay un incumplimiento dentro de lo que comprende el tratado del T-MEC con respecto a las políticas energéticas que está llevando adelante México.
Están generando una problemática muy grande, en el sentido de “que se convertirá en algo limitativo para ciertos productos y determinadas empresas que estén generando energía desde fuentes renovables en el país”.
Apuntó que actualmente la Ley de la Industria Eléctrica otorga permisos a industrias para generar cierta cantidad de su energía, el excedente lo pueden suministrar a la línea de transmisión y la CFE se la paga de acuerdo a un costo o precio del mercado eléctrico nacional.
Manifestó que estos precios los establecía el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, agregó que actualmente el CENACE ha quedado un poco más relegado, ya no ha tenido tanta incidencia sobre la parte de facturación y predicción de costos de la energía eléctrica. Ahora la que se está encargando en su mayoría es la Comisión Reguladora de la Energía.
Sánchez Ruiz advirtió qué, si se preveía que para el 2030 se podía tener entre 30 y 40% de energía proveniente de fuentes renovables, México está muy lejos de alcanzar ese porcentaje por las medidas que está llevando adelante y además estamos muy lejos en caso de que se amplíe este plazo hasta el 2050.
Agregó, “es una cadena que si se rompe una parte de ésta, no sólo se afectará un área, sino que serán bastantes áreas que corresponden a la parte política, la parte ambiental, energética y principalmente a la parte social, por las sobrecargas que se puedan presentar en el sistema eléctrico nacional o en el sistema de distribuido, que pueden provocar la presencia de una mayor cantidad de apagones, mayor pérdida de carga o comenzar a colapsar en ciertas zonas de las líneas de distribución, ya que el sistema interconectado mexicano es muy antiguo y ha tenido poco mantenimiento y por ello se corre el riesgo de que los hogares tengan intermitencia en el sistema de energía”.
