Julián Molina Carrillo, director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, en representación de alumnos y los rectores de 80 universidades privadas del estado, solicitó la intervención del mandatario estatal para dar solución a la interrupción en la entrega de más de 9 mil títulos profesionales por parte de la SEP.
El director puntualizó que esta problemática inició en enero del presente año únicamente para los alumnos del área de la salud quienes egresaron de instituciones privadas en el estado, debido a la aplicación del oficio SEP-305.DP/211/2021, emitido por Ángel Vázquez Gálvez, director general de Profesiones de la SEP.
Molina Carrillo expuso que la mayoría de los egresados que mantienen este problema ya cuentan con su Acta de Examen Profesional y solo están a la espera de la expedición de su título para poder tramitar su Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones, lo cual es un trámite directo con la SEP sin la intervención de las universidades.
La falta del otorgamiento en dicho documento ha afectado severamente a los egresados de sus instituciones, pues para poder ejercer su profesión requieren de manera obligatoria su Cédula y título profesional aseguró director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Por tal motivo “los rectores de las instituciones de nivel superior y los afectados han tenido reuniones con el director de Profesiones y la directora de Educación Superior Particular para buscar una solución al problema, sin que hasta este momento hayan tenido una respuesta positiva, por lo que se han visto obligados a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Justicia Federal mediante Juicios de Amparo Indirecto”.
Por otra parte, el director denunció que, desde que entró en vigor el oficio emitido por Vázquez Gálvez, los alumnos de las carreras de Estomatología, Enfermería, Medicina, e incluso Cosmetología, Nutrición, Criminalística y Veterinaria se han visto obligados a cubrir jornadas de servicio social por un periodo mínimo de 12 meses, pese a que durante 35 años su duración era de seis meses.
Argumentó que este periodo de labores es considerado excesivo y además arriesgado, puesto que no existen los suficientes campos clínicos en el estado para que los jóvenes puedan realizar su servicio social.
Además de la intervención del gobernador de Puebla, Molina Carrillo pidió que Vázquez Gálvez sea destituido de su cargo dentro de la SEP, debido a que, sus acciones han perjudicado tanto a los egresados en el estado, y a la matrícula de estos colegios, ya que ante esta problemática algunos alumnos han decidido emigrar a instituciones federales.
