Puebla, Pue.- El rescate del río Atoyac avanzará con vigilancia reforzada, cumplimiento obligatorio de la legislación ambiental y sanciones para quienes contaminen, tras la instalación de la primera mesa de trabajo con autoridades federales y los 22 municipios de la cuenca, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En seguimiento a la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario afirmó que los tres órdenes de gobierno deberán asumir sus responsabilidades y que no habrá excepciones ante el incumplimiento, incluso cuando se trate de autoridades públicas.
Armenta Mier destacó que el rescate del Atoyac es una prioridad presidencial y una demanda social que requiere coordinación, inversión y vigilancia permanente para alcanzar la meta de entregar un río saneado en 2030. Informó que ya se realizan trabajos de limpieza, se instalaron biodigestores en San Matías Tlalancaleca y avanzan los colectores y las plantas de tratamiento.
Precisó que se proyectan cuatro plantas adicionales, dos con financiamiento estatal y dos con recursos federales. Además, anunció una inversión superior a 265 millones de pesos para 2027, destinada al aprovechamiento del agua tratada en las plantas de San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos, con la que se busca atender mil 450 hectáreas mediante usos agrícolas, florícolas y forestales. Subrayó que el tratamiento no debe concluir con la descarga al río, sino garantizar la reutilización del agua para evitar que vuelva a contaminarse.
El comisionado del Proyecto del Río Atoyac, Isauro Martínez, calificó la instalación de esta mesa como un hecho histórico y destacó que forma parte de la estrategia nacional para recuperar los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Explicó que se proyecta establecer en Puebla un centro de vigilancia y seguridad del Atoyac, vinculado con los sistemas C4 y C5, además de promover el seguimiento periódico del saneamiento en las mesas estatales de seguridad. Señaló que la recuperación del afluente también es indispensable para proteger los mantos freáticos, prevenir la contaminación de fuentes de agua potable y salvaguardar la salud de las familias de los 22 municipios de la cuenca.
La subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, Gabriela Ortiz Merino, informó que la PROFEPA tiene como meta realizar más de 80 visitas de inspección en el río durante el año y que, al momento de la reunión, se habían efectuado 79 inspecciones y 13 clausuras industriales.
Advirtió que las empresas que descargan aguas residuales industriales en redes municipales sin cumplir la normatividad pueden generar responsabilidades para los ayuntamientos, por lo que los convocó a identificar las industrias conectadas a sus drenajes, revisar sus condiciones de descarga y trabajar en la desincorporación de aquellas que incumplan. Recalcó que las multas no serán el único mecanismo de respuesta, pues también se buscará que los responsables financien la reparación del daño ambiental. Por ello, llamó a los municipios a actuar oportunamente y evitar que la falta de control sobre las descargas comprometa sus recursos y la salud de la población.
Por su parte, el subprocurador de Prevención Ambiental, Alberto Rojas, explicó que la estrategia federal combina capacitación, acompañamiento técnico, inspección y vigilancia para avanzar hacia el cumplimiento de las normas ambientales. Detalló que en Puebla se ha capacitado a más de 73 empresas de alta incidencia contaminante y que durante este año se trabaja con 33 empresas de sectores como el manufacturero, metalúrgico, químico, automotriz y textil.
Añadió que el Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental, habilitado en el Tecnológico de Puebla, permitirá fortalecer la capacitación empresarial y municipal, mientras que las herramientas de autodiagnóstico y monitoreo ayudarán a identificar riesgos y establecer planes de acción. Aclaró que la participación en estos programas preventivos no exime a las empresas de las inspecciones ni de las sanciones que correspondan. Asimismo, Martínez puntualizó que la prevención tendrá prioridad, pero quienes persistan en contaminar enfrentarán las consecuencias legales, incluidas multas y medidas para resarcir los daños.
Armenta Mier sostuvo que su administración cumplirá la parte que le corresponde y llamó a las autoridades municipales a atender las descargas de sus demarcaciones mediante biodigestores, conexiones a colectores y soluciones de tratamiento adecuadas. También advirtió que no habrá tolerancia ante el incumplimiento de las obligaciones de los operadores de servicios de agua. Con acciones preventivas, inversión para el saneamiento y aplicación firme de la ley, la estrategia busca devolver la salud al afluente, proteger el agua y construir mejores condiciones de bienestar para las generaciones presentes y futuras.
